Estado Laico y Libertad de Opinión. PERÚ

Fuente: http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b2/Art%EDculo%20Ana%20Guezmes.pdf

ESTADO LAICO Y LIBERTAD DE OPINIÓN:

Buscando un pacto político

Por Ana Güezmes

Entre los mayores logros del individuo y de las colectividades se encuentra la libertad. Conforme las sociedades se desarrollan, se expresan en las políticas nuevas vertientes de la libertad: de conciencia, de pensamiento, de culto, de expresión, de tránsito, de asociación, de elección, de orientación sexual...y todas estas afluentes de la libertad convergen en la laicidad.

En el artículo pretendo explorar una serie de argumentos que he escuchado para no avanzar en el estado laico, y abordar la dificultad de avanzar como ciudadanos modernos en estas circunstancias, principalmente en asuntos vinculados a la sexualidad. Muchas de las ideas son producto de tertulias con el filósofo Guillermo Nugent y la historiadora Maria Enma Mannarelli:

Mito 1: El término laico se opone a lo religioso

El término laico es muy cercano al de soberanía popular y no se opone a lo religioso ni a las espiritualidades expresadas en religiones escritas u orales sino a lo teocrático (gobierno en nombre de Dios) y al autoritarismo de los dogmas que se intentan imponer como verdades universales para todos.

Un estado laico significa que iglesias y estado están realmente separados, no es neutral, ya que debe ubicar a las creencias en el ámbito privado, aunque los creyentes y sus organizaciones puedan tener manifestaciones en el espacio público. Esto no es fácil, en países con una larga tradición de influencia de la iglesia católica en el poder político.

El segundo eje del estado laico implica que las religiones se sometan a las leyes comunes (en ese sentido es importante revisar los privilegios tributarios, educativos, y en materia de participación que tiene la iglesia católica en América Latina). Un ejemplo de lo difícil que es someter a los poderes religiosos a la ley, se dio cuando se discutía en Perú la ley para prohibir que se expulsara a las adolescentes embarazadas de las escuelas. Después de un debate bastante ajeno al sentido común de un país dónde cerca del 20% de mujeres son madres o están embarazadas en esta etapa, el congresista Rafael Rey y otros jerarcas católicos presionaron para que esta ley no aplicara en los colegios privados (es decir los católicos).

El estado laico no debe reconocer a ninguna religión, son los creyentes los que deben hacerlo. La democracia es laica o no es democracia. Los estados confesionales como el Vaticano o Irán no se legitiman en la soberanía popular y contradicen el principio mismo de la convivencia democrática.

Mito 2: Si la mayoría de la población es católica, ¿por qué no debería serlo su estado?

Por una razón muy simple contesta Mario Vargas Llosa en El Lenguaje de la Pasión: “ninguna Iglesia es democrática. Todas ellas postulan una verdad, que tiene la abrumadora coartada de la trascendencia y el padrinazgo abracadabrante de un ser divino, contra los que se estrellan y pulverizan todos los argumentos de la razón, y se negarían a sí mismas –se suicidarían- si fueran tolerantes y retráctiles y estuvieran dispuestas a aceptar los principios elementales de la vida democrática como son el pluralismo, el relativismo, la coexistencia de verdades contradictorias, las constantes concesiones recíprocas para la formación de consensos sociales”.

Ningún dogma, aunque fuera "creído" por la totalidad de los ciudadanos, puede imponerse, en una democracia, como decisión política. Los dogmas son verdades inapelables. En buena cuenta, la exigencia por un estado laico desde nuestra situación como país es no sólo la doctrinaria separación entre estado e iglesias, una de las demandas históricas de la cultura liberal política en los tiempos modernos. Es en particular, un cuestionamiento a los privilegios políticos y culturales de la iglesia católica romana y un desafío a nuestras propias capacidades para desarrollar un sentido amplio de ciudadanía participativa.

Mito 3: El debate sobre estado laico no es una prioridad

El Perú en un país que nos muestra profundos procesos de exclusión, y de inequidad. La pobreza, el subempleo, la fractura social, la debilidad del sistema político, el centralismo y la debilidad de las instituciones son prioridades que afectan al país. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre estado laico? ¿Acaso un estado laico resolverá los problemas económicos, sociales y políticos coyunturales y estructurales del país?

Posiblemente sólo no, pero de lo que si estamos convencidas es que un estado y una inversión real en una cultura laica nos hará mejores ciudadanos. La propuesta de estado y cultura laicos contiene una concepción de la persona como individuo, sujeto de derechos y responsabilidades; y una concepción de la organización social formada por ciudadanos plenamente iguales frente a la ley, en la que ningún individuo ni institución está por encima o por fuera de la ley. Es decir, la ley es la misma para todos y de cumplimiento obligatorio. Un estado y una cultura laica, implica la pluralidad y la tolerancia, particularmente con respecto a minorías de cualquier naturaleza: religiosas, políticas, étnicas, de orientación sexual, entre otras.

La consecuencia de un estado con tutela clerical es que hoy, seguimos sin poder ver en el otro, en la otra, un individuo exactamente igual que nosotros, tanto en sus derechos como en sus responsabilidades. Me atrevo a preguntar: ¿Podemos salir de la pobreza, como individuos, como sociedad, como nación, sin ciudadanos plenos? ¿Podemos pretender el desarrollo de la ciudadanía si no desarrollamos un espacio público libre de tutelajes de cualquier tipo, pero particularmente doctrinarios que nos digan todo el tiempo lo que podemos y lo que no podemos debatir e incluso pensar? ¿Se puede construir ciudadanía bajo reglas de funcionamiento en donde determinados individuos e instituciones se arrogan el privilegio de determinar lo que queda fuera de debate o la verdadera moral pública? ¿Creemos acaso que la superación de nuestros problemas es obra de un milagro? ¿Creemos acaso que la superación de nuestros problemas es algo que pueda hacer un puñado de bienintencionados e iluminados? ¿Seguimos buscando una solución providencial? Obviamente, creemos que no, para nosotras, la respuesta por tanto es que el estado laico es un primer paso indispensable y no negociable, renunciable ni postergable. El desafío ahora es cómo hacer sentir esta muy concreta e ineludible relación entre estado laico, democracia, ciudadanía y calidad de vida de todos y todas.

Mito 4: Debemos reconocer la importancia de la iglesia progresista en las luchas sociales.

Este es el mito más difícil para mi, ya que trabajo en muchas organizaciones con personas de organizaciones católicas, pero creo que también debemos preguntarnos al menos e intentar esbozar una respuesta.

Por un lado pienso que debería como ciudadanos preocupar a los creyentes y más a nuestra clase política que la iglesia católica sea una de las “instituciones” con mayor reconocimiento social. A mi este dato, no me habla de la legitimidad de la iglesia, sino de la debilidad de las instituciones públicas. Un ejemplo cercano a mi es el caso español, la gente sigue declarándose católica, aunque la mayoría no practica (religión segura y sin riesgos de confrontación), pero la realidad, es que cada vez menos españoles dedican sus tributos a su propia iglesia y la depositan en las ONGs de carácter laico. No me cabe duda de que España se ha Institucionalizado después de 40 años de dictadura franquista que se vendió al mundo en nombre de una cruzada religiosa contra los rojos.

Ejemplos en América Latina como México y Uruguay nos permiten también observar el avance de las instituciones públicas cuando el estado relega a la característica de asociaciones a las organizaciones religiosas.

Por otro lado, tenemos ejemplos de cómo muchos de “los progresistas” sigue colocando en censura una pluralidad de temas, principalmente vinculados a la sexualidad, para no confrontarse con los poderes de su iglesia (con excepciones como el caso de las Católicas por el Derecho a Decidir). Nadie puede dudar del rol que jugó la Vicaría de la Solidaridad en Chile, pero resulta simbólico que hasta ahora no haya ley de divorcio civil en ese país. 

Tenemos a Salomón Lerner presidiendo la Comisión de la Verdad, y reconocemos lo que está haciendo como defensor de derechos humanos civiles y políticos, sin embargo como rector de la Universidad Católica de Perú ha presentado un tríptico francamente misógino y homofóbico que se ha repartido entre todos los postulantes a su Universidad. Los derechos humanos son integrales, interdependientes y universales o no son.

En general en el Perú en cada mesa de concertación o espacio de resolución de conflictos hay un cura, el problema es que no siempre es por sus méritos ciudadanos, sino porque se sigue pensando que se necesita el poder religioso para legitimar la acción ciudadana. Además se coloca un velo de incienso subjetivo dónde es muy difícil ni siquiera mencionar el tema de sexualidad, como que cae irreverente abordar estos temas de interés público delante de una figura religiosa. Estas personas, que realmente han hecho muchas cosas meritorias tienen todo el derecho de actuar y participar en la vida política en cuanto a ciudadanos, el problema es cuando se les revierte de una especie de “estatus especial” por el hecho de ser líderes de una religión, es decir se mina el principio de igualdad de opinión base de la democracia, al confundirse la frontera que hay entre las asociaciones sociales y las religiosas.

Otro problema es que en la medida que la religión católica tiene entre sus clérigos el principio de obediencia, y reconocimiento de una autoridad que ni siquiera eligen los cristianos, considero que hay aspectos indefendibles, desde una perspectiva democrática, en la propuesta hegemónica de la iglesia católica: la relegación de las mujeres a condiciones de subordinación extrema, la doctrina oficial sobre la sexualidad humana, la oposición a la libertad de pensamiento, podríamos seguir con la influencia pública del Vaticano a favor de Pinochet cuando fue detenido en Londres, la criminal condena moral y la publicidad engañosa de los condones en plena época del SIDA, y el encubrimiento sistemático a sus funcionarios violadores de niños.

Todo ello es reconocido por los progresistas católicos, pero siempre sotto voce. Porque ‘no conviene’, ‘no es el momento’ y demás variantes de lo que en general se debe tipificar como una actitud de oportunista sigilo. Progresistas en algunos temas, sin duda, aunque con poca confrontación pública con las autoridades más reaccionarias, ya que prima sobre ellos el tema de la “infalibilidad papal”. Este voto de obediencia recorta la ciudadanía de muchos grupos católicos progresistas.

Por último quiero señalar con esperanza que cada vez más personas religiosas, empezando por aquellas pertenecientes a religiones no hegemónicas se unen a la demanda de estado laico como salvaguarda además del principio de la pluralidad y libertad de cultos.

El temor de los políticos para defender el estado laico

El fundamentalismo no se refiere sólo a la imposición de ideas que nos pueden parecer extremas, sino al interés de que verdades reveladas que caracterizan a los grupos religiosos, se conviertan en principios para todos los demás, incluso en contra de los acuerdos de derechos humanos. Es grande el temor de los políticos, incluyendo los partidos de historia agnóstica al defender un estado no laico en nombre de un falso respeto a la tradición católica de América Latina. Algunos ejemplos simbólicos de la importancia que tiene el estar “a bien” con los poderes privados, son las bodas católicas de los gobernantes agnósticos, los actos públicos que siempre son “bendecidos” por una autoridad religiosa, y toda un conjunto de símbolos que políticamente no dejan de marcar finalmente el poder de la religión sobre la esfera pública.

El día en que la iglesia católica deje de ser según las encuestas una de las instituciones más respetadas en el Perú, para que nuestras ahora frágiles instituciones públicas sean las que mayor confianza le dan a la gente; ese será un momento en que no sólo el país sino las propias religiones que coexisten en el país, incluyendo la católica tendrán un motivo para alegrarse. El día en que los políticos dejen de llamar a sus delitos “pecados” estaremos ante una clase política más responsable. El día en que la clase política pierda el miedo a enfrentarse a los abusos y controles de los poderes tutelares como el militar y el clerical, tendremos mayores posibilidades para ejercer nuestras libertades, e integrarnos como país. El día en que la iglesia católica deje de pasarle factura al estado que es de todos y todas, estaremos ante una mejor posibilidad de vivir en democracia.

Posiblemente como ha ocurrido en España, México, Uruguay, y la mayoría de países europeos, los políticos no ganarán más votos por ir a misa, sino por sus programas políticos y su posibilidad de lograr acuerdos sociales y hacer realidad los derechos humanos.

La Sexualidad: el núcleo de la disputa en América Latina

A diferencia de otros períodos donde el conflicto entre el estado moderno y la iglesia católica estuvo marcado por una cuestión de tributos, de propiedades de tierra, de regímenes políticos, en la actualidad el espacio del conflicto está dado por la sexualidad y el diseño de políticas  públicas en materias de derechos sexuales y derechos reproductivos.

Estos conflictos cubren un rango desde pedir la prohibición de películas del tipo El crimen del padre Amaro hasta presionar por la restricción del suministro de métodos anticonceptivos en dependencias públicas, hacer propaganda francamente homofóbica en la plaza pública, o llamar cobardes a los congresistas desde los púlpitos por simplemente hablar de aborto, o suprimir la publicidad de condones en las campañas de prevención del SIDA. 

En todos estos casos no estamos ante una situación de ‘diferencia de opiniones’ que es aceptable dentro de un esquema democrático; más apropiado es calificarlo como privilegios de opinión, donde unas voces están en condición de sustraerse a un debate público porque se creen poseedores de un estatuto tutelar de la moral pública.

Las relaciones de parejas o sin pareja, el ejercicio de la sexualidad, el deseo sexual, la paternidad y la maternidad no son decisiones públicas. Son libertades trascendentales de las personas que conllevan derechos ciudadanos y compromisos estatales para su ejercicio. Sin embargo, los tutelares de la moral pública, como la jerarquía católica no acepta que tomemos decisiones íntimas sobre nuestra sexualidad.

Al contrario, pretenden estar con nosotras en la cama y exigen que se tengan todos los hijos que Dios desee, prohíben el uso de anticonceptivos modernos, hablan sobre la suciedad del sexo por placer, o del sexo creativo más allá del coito, nos llaman desviados, en fin... Por suerte, gran parte, si no es que la mayoría de las y los latinoamericanos tienen actitudes más tolerantes respecto a la sexualidad y la reproducción que las planteadas por la iglesia católica: se divorcian, usan anticonceptivos, interrumpen embarazos, tienen relaciones con personas de un cuerpo igual al suyo, en fin...

Para concluir o para empezar el debate...

Lo público, finalmente, es lo que es de todos/as y para todos/as, mientras que lo corporativo se refiere a los intereses de determinados grupos, los cuales, aunque eventualmente legítimos, no son necesariamente públicos. 

Los consensos que busca la política de estado, deben tener como marco de partida para el diálogo y la concertación los compromisos en materia de derechos humanos.

Renunciar al laicismo es renunciar a la modernidad y es darle entrada al arrogante fundamentalismo. La modernidad constituye un proyecto cultural que difunde valores vinculados a la promoción de la libertad individual, de la libertad social, al progreso social en el sentido de desarrollo de potencialidades personales, y a una vocación democrática que lleva a la defensa de la tolerancia y el pluralismo.

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* Ponencia basada en el Seminario Mujer y Reforma Constitucional . 4 de Diciembre de 2002, organizado por el Movimiento Manuela Ramos. Lima.

De la autora

Ana Guezmes. Feminista, y médica con especialidad en salud pública. Integrante del Comité Coordinador del Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora asociada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, integrante del Consejo Directivo del Forosalud y coordinadora del Observatorio de la Salud del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales.